Diego Felipe Polanía explica la resolución aprobada en diciembre pasado, que habilita a empresas de servicios de acueducto y alcantarillado a hacer inversiones adicionales para garantizar la protección de fuentes hídricas. Asegura que no habrá doble cobro, aunque admite que podría haber un incremento “marginal” en las tarifas.

Diego Felipe Polanía Chacón, director ejecutivo de la CRA. Cortesía

El representante José Daniel López, de Cambio Radical, prendió las alarmas por una resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) aprobada en diciembre de 2019 y que, a su juicio, abre la posibilidad de un incremento de las tarifas de acueducto y alcantarillado, así como que se haga un segundo cobro por conceptos similares.

Ante esa alerta del congresista, el director ejecutivo de la CRA, Diego Felipe Polanía Chacón, aclaró a El Espectador las dudas que existen al respecto. Dice que no es cierto que se genere un cobro adicional a los que ya determina la ley y que se contemplan dentro de los gastos obligatorios, sino que los cobros serán por obras adicionales para destinadas a la protección de las fuentes hídricas a través de la denominada infraestructura verde.

Además, aunque admite que podría haber un incremento en las tarifas, este será marginal pues, comparadas con las inversiones que se hacen de manera obligatoria por parte de las empresas en construcción de plantas, redes y mantenimiento, las obras de protección de cuencas abastecedoras tienen un costo mucho menos y, a largo plazo, evitan mayores costos al conservar las fuentes de agua.

El representante José Daniel López lanzó una alerta por una resolución aprobada recientemente que abre la puerta a un incremento en las tarifas de alcantarillado y acueducto o un doble cobro por obras de protección de fuentes hídricas. ¿Cuál es la realidad desde la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)?

Hay tema importante porque lo que dice el representante, que queda en un artículo de El Espectador, es, para mí, desacertado y desafortunado. Dice que mientras se celebraba el Año Nuevo, el Gobierno aprobaba la resolución, como si eso se hubiese hecho a escondidas. Eso tuvo un proceso de participación ciudadana. En la CRA hay unos documentos de Análisis de Impacto Normativo (AIN), cuya elaboración toma meses y tiene varios procesos de consulta. Para esa resolución, por ejemplo, ese proceso se inició en abril de 2019, la versión final se publicó en agosto. Luego hay una resolución previa que sale a participación ciudadana (898 de octubre de 2019). Después de todo esto, finalmente, el 23 de diciembre, en sesión de comisión, se aprueba la Resolución 907. Todo tuvo consulta pública y una discusión de casi un año.

¿Quiénes participan en esas consultas públicas?

Estas son dirigidas a los grupos interesados. Se discute con corporaciones ambientales, organizaciones no gubernamentales, con representantes de los usuarios, con las empresas de servicios públicos. Después, cuando sale la resolución para participación, vamos por diferentes ciudades del país. Ahí se invita a esos mismos actores, se publica en la página de internet de la CRA para que cualquier interesado pueda dar sus opiniones. Las opiniones o sugerencias que surgen se recogen en una matriz y se responden agrupadas, por ejes de discusión, y la comisión, en su fuero, decide si las acepta o no y se determina si hay cambio o no. Todo se justifica. Uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que sí está mal es que se dé ese mensaje como si se hubiese expedido algo las escondidas. Definitivamente no es así.

Sobre lo que dice el representante López, específicamente, ¿cuál es la respuesta de la CRA?

La Comisión de Regulación tiene cuatro expertos comisionados y, además, cuatro miembros del Gobierno (el viceministro de Vivienda, que la preside; el viceministro de Ambiente; un director del Ministerio de Salud y el subdirector general del Departamento Nacional de Planeación), y participa la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con voz pero sin voto. Todo es discutido en esa mesa, no hay nada que uno pueda sacar de manera unilateral.

López dice que se abre la puerta para cobrar dos veces un asunto que ya está en otra norma.

Eso es falso. El artículo dice que se aprobó un cheque en blanco para las empresas prestadoras de servicios para que cobren algo que, además, ya están cobrando y eso no es así. Existe un artículo en la Ley 142 de 1994, que dice que, con el fin de garantizar la protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado incorporarían elementos para garantizar el cubrimiento de la inversión para la protección de las mismas. Por ejemplo, un acueducto, para hacer su negocio, tiene que pagar por una concesión de agua, y para una tasa por uso. Ese cobro va directo a la tarifa, lo pagamos usted y yo como usuarios. Eso pasa en todas las empresas y son costos obligatorios. La norma dice que las empresas deben establecer unos planes en donde definen todos los costos obligatorios.

Entonces, ¿qué es lo nuevo que dice la resolución en cuestión?

A la luz de ese artículo de la ley mencionada, el Ministerio de Vivienda, en 2018, expidió el decreto 1207, que dice que habilita a las empresas a cobrar inversiones ambientales adicionales, es decir, que no son las obligatorias. Reglamentando ese decreto se expide la resolución 0874, que establece expresamente cuáles son las inversiones de las que se habla, y que son compra y aislamiento de predios, proyectos para la recarga de acuíferos, restauración, protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua, monitoreo del recurso hídrico y pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica. El decreto da un plazo perentorio a la comisión para que reglamente cómo se ingresan esas inversiones a la tarifa. Es decir, lo que hizo la comisión, además no haber sido hecho a escondidas, fue ordenado por un decreto de 2018.

Es decir, ¿la resolución de diciembre no se refiere a las inversiones obligatorias?

Esas existen, pero no son de las que se habla en la resolución y eso lo dice ese documento en todas partes, se deja clara la prohibición de que no se puede incorporar por esa vía costos que ya se cobraron por otro lado. Además, establece desde dónde se le hace el seguimiento, que está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos, nosotros también. Usualmente, las inversiones de las empresas de acueducto se hacen a través de un plan futuro. Hoy, se puede estar pagando una inversión que no se ha hecho, pero que se hará en tres años porque está en el plan de inversiones. En este caso, como son adicionales, no aceptamos eso. Solo se reconocerán inversiones que ya se hicieron durante el año y, por ejemplo, a diciembre de 2020 estas empresas van a poder incorporar a la tarifa de inversiones que hicieron durante ese año, pero que ya están operando y están en ejecución. Es una forma de tener control sobre esas inversiones. Estas son inversiones para lo que conceptualmente se llama infraestructura verde, que son mucho menos costosos que los proyectos de infraestructura gris, menos costos que, por ejemplo, hacer una nueva bocatoma, hacer un tubo o una plancha.

¿Esos proyectos son estandarizados para todas las empresas? ¿De qué dependen?

Cada empresa conoce su realidad y tiene unas condiciones particulares. Nosotros no podemos ir a revisar cuenca por cuenca y decirle a cada una de las empresas qué hacer y qué no. Para eso ya están las inversiones obligatorias, pero en ciertos casos particulares, una empresa puede decir que su cuenca abastecedora está sufriendo de una tala indiscriminada en una montaña, en donde se genera el agua y que necesita hacer un proyecto de restauración o de protección, que son proyectos que, honestamente, no son tan costosos. Es preferible que esa empresa pueda hacer esa inversión y que, cuando se verifique que la inversión existe, se pueda incorporar a la tarifa, a que dejemos que esa fuente se acabe y se tenga que hacer un pozo profundo o buscar una nueva bocatoma a kilómetros. Eso es mucho más costoso y es lo que está ocurriendo hoy, que, aunque se necesita, debemos ver cómo se protegen las cuencas mediante la infraestructura verde.

¿Esas inversiones quedan a merced de las empresas de servicios públicos? Es decir, ¿tiene completa libertad para decidir?

Eso es importante y lo dice la resolución. Esas inversiones tienen que estar totalmente articuladas con los instrumentos de planificación de las autoridades ambientales. Es decir, no las pueden hacer donde quieran, porque eso genera la suspicacia de que van a comprar el predio del amigo, etc. No, debe haber un plan concertado con la autoridad ambiental en zonas estratégicas y la autoridad ambiental debe complementar. Entonces, no hay una duplicidad, como dice el representante López, sino una complementariedad y, a largo plazo, hay una protección de las fuentes hídricas y una demanda menor de inversiones.

En conclusión, ¿sí podría haber un aumento en las tarifas?

Definitivamente sí, pero es marginal. En el corto plazo sí va a haber un aumento, y no le puedo decir cuánto porque depende del proyecto. Pero haciendo un ejemplo: si se miran los números de inversión que tiene hoy Bogotá en infraestructura gris, los proyectos que pueda tener de restauración o de protección de rondas son marginales frente a la inversión que las empresas hacen en redes, plantas, mantenimientos. Pero si esta inversión me garantiza el abastecimiento en el largo plazo, termina siendo mucho mejor. Los números los demuestran.

¿El hecho de que esas inversiones sean adicionales, para proyectos específicos, significa que también son temporales? ¿Es decir, ese cobro adicional en las tarifas será temporal o será permanente?

Depende del caso de cada acueducto. Estos proyectos se demoran un tiempo en dar sus frutos. Por ejemplo, un proyecto de restauración que implica agarrar una cuenca y reforestarla, protegerla, no cambia en un mes ni en un año. Se tiene que esperar a que se logre el objetivo. Algunos son de restauración, pero hay otros que son de monitoreo, en el que se establecen los puntos, la tecnología, se ponen y se acabó. También sucede con la protección de acuíferos, que son proyectos puntuales.

Tomado de El Espectador