En dos días, el 15 de noviembre, la intervención de la empresa Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos llegará a su tercer año. El 15 de noviembre de 2016, la Superservicios decidió intervenir la empresa de energía de la Costa, atendiendo a los múltiples problemas económicos de la empresa.

La Superservicios también acogió la petición de diferente sectores políticos, sociales y gremiales, que pedían la pronta intervención y la venta, para un cambio de operador u operadores.

A pesar de ello, en este periodo los habitantes de los diferentes municipios de los siete departamentos de la región Caribe (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira), en donde Electricaribe presta sus servicios siguen padecido de constantes cortes de luz, de la falta de inversiones en la infraestructura y del aumento de las tarifas por el servicio.

¿Qué hace el agente interventor?

Sin embargo, para la agente interventora y la Superservicios, la entidad se ha esmerado por seguir prestando un servicio de calidad a pesar de las dificultades. En septiembre de este año, la agente interventora, en cuyas manos está la gerencia, Ángela Rojas, le dijo a El Universal que de acuerdo al querer del gobierno del presidente Iván Duque, las operaciones de la empresa siguen bajo una reorganización del presupuesto con un manejo más eficiente “para mejorar el servicio”.

Ante ello la funcionaria dijo que se aumentaron las brigadas de servicios, pero también los cobros de cartera. Anunció también la inversión de $846 mil millones en documentos Conpes.

Estas inversiones serán “en obras dirigidas a mejorar progresivamente la calidad en la prestación del servicio”.

Nada más para un sector de Cartagena, la empresa dijo que se están invirtiendo unos 7 mil 500 millones de pesos solo para infraestructura de la ciudad amurallada o Centro Histórico.

Dentro de las apuestas de la gerencia interventora se anunció la creación de un código de buen gobierno con instancias adicionales como una junta consultiva y un comité de contrataciones.

El Gobierno Nacional apoya la compra de energía con alrededor de 200 mil a 120 mil millones de pesos al mes.

Pero un ‘palo a la rueda’ se interpuso a los propósitos del Gobierno lo que obligó a replantear el futuro de Electricaribe. La Corte declaró la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento, en donde se había plasmado las fuentes de financiación que esperaba el Gobierno para esta compañía eléctrica.

La caída de la Ley de Financiamiento impactó el negocio de venta de Electricaribe ya que afectó aspectos como la valoración de los mercados de energía, la tasa nominal de renta, la tasa de mega inversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital. Uno de esos impactos es el aumento de la valoración en unos $500 mil millones.

Venta o subasta

Esos hechos obligaron a un aplazamiento de la subasta o venta para febrero de 2020, cuando se esperaba que se realizara este mismo año.

Es decir las ofertas de los interesados en ser uno o varios de los inversionistas para el sistema de distribución local y de transmisión regional, así como para la actividad de comercialización de energía eléctrica que realiza la empresa en los 7 departamentos, tiene plazo hasta febrero próximo.

Opiniones

Dentro de los que ejercieron una fuerte presión al Gobierno Nacional para motivar un cambio de operador y sacar a Electricaribe de la Costa están los gobernadores Eduardo Verano de la Rosa, del Atlántico; Dumek Turbay Paz, de Bolívar; y el senador David Barguil, del Partido Conservador.

Turbay ha defendido que se dé una división o segmentación del mercado para que así sea atractivo para los inversionistas.

“El Caribe tiene un 23% en la distribución de la energía lo que es muy difícil para que un solo operador abarcara toda la región; por eso era muy importante que esto se hiciera con una segmentación del mercado”, dijo Turbay.

El gobernador de Bolívar, quien ha sido uno de los fuertes críticos de Electricaribe, ha reiterado que es muy importante que el pasivo pensional de la compañía, que es una carga muy dura, lo asuma la Nación, librando a la nueva empresa de esa carga.

A su vez el senador David Barguil rechazó el aplazamiento de la subasta.

Barguil, quien lideró en 2016 una recolecta de firmas para sacar a Electricaribe de la Costa, dijo que se requiere “un solución definitiva del caso de Electricaribe haya ley o no haya ley de financiamiento”.

Barguil pidió a la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, que les explique a todos los costeños lo que pasó con la Ley de Financiamiento y que se comprometa con ellos de que a partir de febrero “no habrá un aplazamiento más del negocio de venta”.

Barguil además pidió que haya en este tiempo de transición “un servicio de calidad con tarifas justas”.

Los aumentos de las tarifas

En cuanto al bolsillo de los usuarios, Electricaribe ha sostenido que los costeños pagan la luz más barata del país.

Sin embargo este mismo año se anunció el aumento de 4 pesos que se cobrarán con las facturas, recursos que engrosarán un fondo empresarial, el cual beneficiará a todas las empresas de servicio intervenidas como Electricaribe.

Asimismo en octubre pasado se anunció que el incremento estimado de la tarifa para estos dos meses está entre el 5% y el 13%, aproximadamente. Este noviembre, en comparación con el mes anterior, los usuarios de estrato 3 para arriba verán reflejados un incremento del 5,27%. Los usuarios en estratos 1 y 2 con tarifa subsidiada tendrán un incremento inferior, equivalente al 0,22%.

Cronograma
El cronograma de la subasta para la venta de Electricaribe es el siguiente: presentación de sobres de oferta el 20 de febrero de 2020. La subasta por el mercado completo se realizará el 26 de febrero y por los mercados segmentados, el 28 de febrero.