Llegó el momento de que el Congreso apruebe el texto de la ley de modernización del sector TIC.

En el orden del día de hoy, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, están previstas la discusión y eventual votación del proyecto de ley de modernización del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Tras más de seis meses de haber sido radicada, ha llegado la hora de considerar una propuesta trascendental que merece ser aprobada, después de haberse introducido modificaciones que mejoraron el texto planteado por el Gobierno.

El motivo es que el articulado en consideración actualiza normas claves, algunas de las cuales fueron escritas antes de que el mundo experimentara los vientos de cambio que han acompañado el sector. Adaptarse a las nuevas circunstancias y colocar los cimientos con el fin de que Colombia pueda aprovechar las oportunidades que brinda la cuarta revolución industrial son los principales argumentos en favor de la propuesta que está en manos del Congreso.

Por un lado, esta tiene que ver con las condiciones de asignación del espectro radioeléctrico, fundamental para las conexiones inalámbricas. Ahora que la llegada de la llamada tecnología 5G –que aumentará de manera radical la velocidad de carga y descarga de datos– está a punto de masificarse, hay que contar con reglas de juego adecuadas para las empresas del ramo, las mismas que facultarán el desarrollo del internet de las cosas o la inteligencia artificial.

Por ello es procedente que los permisos otorgados para el uso del espectro que es propiedad de la nación se puedan entregar hasta por 20 años prorrogables. No menos importante es que el criterio de maximización del ingreso fiscal sea remplazado por el de bienestar social. Claro que habrá una compensación, pero lo importante es que asuntos como una cobertura adecuada y de alta calidad del servicio de telecomunicaciones sea la que encabece las prioridades.

Y es que en una nación plagada de desigualdades hay una evidente brecha digital entre la calidad del acceso a la red global de la que disfrutan los habitantes de las grandes ciudades y los pobladores de las zonas más apartadas. Desde el punto de vista mismo del pluralismo y la democracia, pocas cosas son más importantes que lograr que todos los colombianos cuenten con las mismas facilidades para informarse, educarse y prosperar, gracias al progreso de la tecnología.

Curiosamente, en el debate público del proyecto de ley se han escuchado más críticas respecto a los cambios regulatorios planteados y, en particular, al riesgo de que los contenidos audiovisuales que se transmiten por los canales de televisión abierta queden bajo el control del gobierno de turno. Al respecto, una mirada al texto final muestra que no solo se garantiza la autonomía de los canales regionales, sino que la comisión encargada del asunto estará conformada por personas independientes que serán elegidas por concurso público.

En conclusión, vale la pena dar este paso adelante. Cruzarse de brazos equivale a condenar el país a quedarse en la retaguardia de la tecnología y a obstaculizar millonarias inversiones que son indispensables para llegar primero que nuestros pares en América Latina a un futuro cierto e inevitable.

EDITORIAL
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Tomado de El Tiempo