Tomado de Semana

Aumentos en los consumos residenciales, reconexión de miles de usuarios al servicio de acueducto y una cobertura casi universal de la energía eléctrica fueron los principales cambios.

SEMANA. ¿Modificó la pandemia la prestación y cobertura de los servicios públicos en Colombia?

CAMILO SÁNCHEZ: Por cuenta de la pandemia los servicios públicos sufrieron los mismos derroteros del país, pero con la diferencia de que estos no dejaron de prestarse en ningún momento, incluidas las comunicaciones. Aquí es importante la aceleración de la virtualización de muchas actividades, lo cual aumentó 35 por ciento el tráfico de internet. En el caso de acueducto, alcantarillado y aseo no se permitió la interrupción del servicio. Además, se reconectaron a costo de las empresas más de 303.000 usuarios y se incrementaron los consumos residenciales por las medidas de confinamiento. A su vez, disminuyó la demanda de industriales, comercio e instituciones. En gas natural se superaron los niveles de atención prepandemia con un aumento en el número de suscriptores (más de 10,5 millones en 2021), y en energía eléctrica la cobertura es casi universal (a corte de 2021 se conectaron casi 60.000 hogares más).

SEMANA: ¿Qué tan costosa fue la cuenta de cobro que le pasó al sector de servicios públicos la desaceleración de la economía generada por la pandemia?

C.S.: Primero, las empresas afectaron su flujo de caja para no permitir la interrupción de los servicios. Segundo, el recaudo presentó disminuciones en energía y gas, de 20 y 53 por ciento respectivamente, generando una presión sobre el flujo de caja de las compañías. En acueducto, aseo y alcantarillado el flujo se afectó en cerca del 70 por ciento. En TIC, en el periodo más crítico de 2020, se cancelaron alrededor del 25 por ciento de los planes corporativos en el país. Y en agua y saneamiento, además de disminuciones de recaudo cercanas al 20 por ciento en un periodo de casi 15 meses, se evidenció una afectación en la ejecución de las obras e inversiones. Sin embargo, para los servicios hubo un esquema de diferimiento de pago con valores cercanos a 1,7 billones de pesos.

SEMANA: ¿En qué servicios se vio mejor dinámica de crecimiento durante 2021?

C.S.: Durante 2021 se notó una clara tendencia a alcanzar los niveles prepandemia. Esto se debe a la correlación entre el crecimiento del sector productivo y el consumo de los servicios públicos y comunicaciones. En agua y saneamiento ya se tienen recaudos consolidados superiores al 20 por ciento en relación con 2020, y niveles de inversión superiores al 17 por ciento con respecto a ese mismo año. El consumo de energía, 2021 versus 2020, creció 5,2 por ciento. Mientras en gas natural la demanda se incrementó 1 por ciento con respecto a 2019.

SEMANA: ¿Qué tanto le aporta el sector de servicios públicos a la economía del país?

C.S.: Para diciembre de 2021, el sector de servicios públicos y comunicaciones representaba entre el 6,7 y el 7 por ciento del PIB, lo que muestra una importante participación. Es clave indicar que el sector cuenta con alrededor de 150.000 empleos directos y que no hubo recorte de personal durante la pandemia.

SEMANA: ¿Cómo están invirtiendo los prestadores de servicios públicos en fortalecer sus infraestructuras?

C.S.: En el sector TIC, gran parte de nuestras empresas afiliadas invierten en despliegue de infraestructura para optimizar la tecnología 4G en la conexión del Archipiélago de San Andrés y otras zonas del país. En agua y saneamiento se han reactivado 382 obras y proyectos de alto impacto con inversiones cercanas a 1,9 billones de pesos, lo que generó alrededor de 15.000 empleos adicionales. Y en general, en todos los servicios no se han descuidado las inversiones en mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física para garantizar una prestación de calidad.

SEMANA: ¿Qué prevé el sector en términos de fortalecimiento y expansión con la llegada del próximo gobierno?

C.S.: Hay que preservar los principios para la prestación de los servicios públicos (Ley 142 de 1994), así como las señales de inversión privada para garantizar la prestación, preservando mecanismos de mercado. En general, esperamos señales de estabilidad normativa y marco para la inversión.