Es indispensable crear grupos élite en la Policía para estos delitos que afectan directamente el bienestar de los colombianos.

Se prenden las alarmas por el aumento del hurto y vandalismo en las redes de servicios públicos domiciliarios y en el fraude por robo de agua, energía, gas y piratería de señales de televisión, hechos que afectan la prestación del servicio y retrasan su expansión en zonas que carecen de ellos. Hay, de hecho, zonas rurales donde es imposible instalar redes porque más se demora la empresa en tenderlas que los ladrones en robarlas de nuevo.

Entre 2019 y 2020 en términos de hurto de infraestructura en las redes, se ha tenido una variación del 47%, pasando de $62.382 millones a una estimación de $91.432 millones. El sector más afectado es el de TIC con casi $47 mil millones de pesos en 2020. Además, la población afectada supera el millón y medio de usuarios, lo que –mirado en contexto– es uno de los delitos de mayor impacto, pero que poco le importa al país.

Mediante el delito de defraudación de fluidos, las cifras muestran un valor estimado de $775 mil millones para el 2020. El sector de energía eléctrica es el más afectado y hay un aumento importante en gas natural.

Los actos vandálicos y el hurto en nuestro sector afectan la calidad de vida de la población e incrementan posibles riesgos a la seguridad de las personas. Hay robo de medidores de energía, acueducto, gas, canecas, contenedores de residuos, cables, armarios, transformadores de potencia, lámparas de alumbrado público, tubos de cobre, entre mucho otros, sin embargo, estas situaciones no han logrado el protagonismo que merecen; solo cuando sentimos el impacto de haber cogido con el carro el hueco por la alcantarilla sin tapa o cuando pasamos días sin luz o sin internet por los daños en la zona, es que recordamos que esto es un problema de todos y entramos a entender lo imprescindible que resulta cada servicio.

Es de nuestro bolsillo que pagamos la osadía negativa de otros.
La ciudadanía debe apropiarse de los servicios públicos domiciliarios y debe hacer las denuncias correspondientes cuando sea menester. Igualmente, hay que consolidar la capacitación con jueces, fiscales y policías e incentivar las denuncias. Urgen medidas que permitan la persecusión de estos delitos, reactivando las mesas de trabajo con las autoridades para exponer en detalle cómo son las modalidades detectadas (Cuando vean esto en detalle, notarán que la realidad supera a la ficción).

Es indispensable crear grupos élite en la Policía para estos delitos que afectan directamente el bienestar de los colombianos, así como hay en hurto de gasolina y petróleo, informática y financiera. También contemplar la creación en la Fiscalía de una Unidad Especial de Delitos contra los servicios públicos (tal como hay para delitos informáticos).

La ciudadanía tiene que participar activamente en la denuncia y la Superintendencia de Servicios Públicos facilitar, dentro del marco del debido proceso, que los defraudadores realmente sientan que robar no paga y crear medidas disuasivas con respuestas rápidas, contundentes y suspensión efectiva del servicio en cualquier situación ilegal.
No actuar ahora significa retrasar el mejor servicio del futuro.

Camilo Sánchez Ortega
Presidente de Andesco.
diana.londono@andesco.org.co

Tomado de Portafolio