Lograr consensos en la gestión de recursos naturales será vital para avanzar a una gobernanza colaborativa e integrar la estructura ecológica con el modelo de ordenamiento.

Siempre se ha reconocido el acceso al agua como determinante en la ocupación del territorio por parte del hombre, no en vano, el florecimiento de las civilizaciones más desarrolladas de la antigüedad se dio en las llanuras de grandes ríos como el Amarillo, el Nilo y el Éufrates, Asimismo, metrópolis como Londres, París, Nueva York y Calcuta se consolidaron junto a grandes cuerpos de agua. Pero nos cuesta pensar más allá del simple uso y poner límites al aprovechamiento del recurso hídrico, y más aún establecer medidas de restauración.

El hombre ha dejado una huella sobre el recurso hídrico que con frecuencia se torna dolorosa y difícil de cicatrizar. Muestra de ello fue el paso del huracán Katrina, en 2005, por New Orleans, que dejó impactos incrementados por intervención antrópica en pantanos que amortiguaban frecuentes tormentas tropicales, arrojando 1.833 muertos, el desplazamiento del 80 % de la población e incalculables pérdidas económicas.

Colombia no es la excepción. La cuenca del río Magdalena concentra el 70 % de la población y el 80 % del PIB. En retribución, el río recibe gran cantidad de vertimientos, pues, según la Contraloría, el 57 % de los municipios de la cuenca no cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Bogotá aporta el 15 % de las aguas residuales de todo el país. Los páramos son objeto de actividades económicas agrícolas, pecuarias y mineras que pretenden incluso hacer uso de recursos tan importantes como Santurbán, bajo las banderas del desarrollo y el progreso. Parece imposible conciliar lo económico, los derechos de las comunidades y la funcionalidad de los ecosistemas.