EPM y el Consorcio de Energía de la Costa, los dos nuevos operadores de Electricaribe, entrarán a manejar uno de los principales mercados de distribución de energía del país, sumido en una profunda crisis por la mala calidad del servicio y un recaudo menor al promedio nacional. ¿Qué viene?

El desarrollo de los principales proyectos de transición energética del país está en el Caribe. En La Guajira, más de 2.000 megavatios de capacidad instalada de energías renovables no convencionales –como la eólica y la solar– entrarán a operar en un par de años. En el Cesar avanzan grandes parques solares, y costa afuera en el Atlántico se consolida la posibilidad de producir gas.

Estas iniciativas marcarán un cambio profundo en la matriz energética de Colombia. Pero paradójicamente, el servicio de energía ha sido una verdadera pesadilla para esa región. Los casi 10 millones de usuarios de la costa Caribe han tenido que soportar por años la mala calidad, los cortes permanentes, la subnormalidad, y las pérdidas de energía por robo y fallas en las líneas de distribución.

Electricaribe se ha convertido en sinónimo de mal servicio de energía, lo que a su vez ha generado uno de los más bajos recaudos de las empresas de servicios públicos del país. Eso ha creado un círculo vicioso de informalidad, mala calidad, cultura de no pagar, reconexiones fraudulentas en todos los estratos y bajísima inversión.

En 2016, el Gobierno, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, intervino la compañía e inició su proceso de liquidación. Después de controversias con el entonces socio mayoritario, la española Gas Natural Fenosa, esa empresa demandó al Estado por 5 billones de pesos al amparo de los tratados de libre comercio y protección a la inversión entre España y Colombia.

En los últimos años el Gobierno emprendió la tarea de buscar uno o varios operadores para Electricaribe, que le permitieran cubrir su rezago en materia de inversión.

Esta semana termina un proceso que duró más de un año para entregar la operación de Electricaribe, e incluyó repartir el mercado en Caribe Sol (Atlántico, Magdalena y La Guajira) y Caribe Mar (Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar). Tras una subasta, a principios de este año, el Consorcio de Energía de la Costa, en el que participa el empresario Alberto Ríos y EPM, manejará estos dos mercados.

El proceso

El Gobierno no podía mantener la operación de Electricaribe. Por eso tenía que buscar quién asumiera este mercado, pero sobre todo, quién se comprometiera a invertir 9 billones de pesos en los próximos diez años o incluso más.

En principio se precalificaron seis compañías. Sin nombres concretos, se habló en ese momento de firmas nacionales como EPM, Celsia y el Grupo Servigenerales, de Alberto Ríos, y de las internacionales, Inkia, Electrificadora de Portugal y algunos fondos estadounidenses.

Para que el activo resultara más atractivo, el Gobierno cristalizó varias propuestas. En enero publicó el decreto para asumir pasivos, y prometió responder por los compromisos pensionales, que suman cerca de 2 billones de pesos, y por las deudas postoma. También hizo un régimen de transición tarifaria y anunció inversiones para este año por 860.000 millones de pesos. Según la Superservicios, desde la intervención el Gobierno ha invertido en Electricaribe cerca de 5 billones de pesos.

Sin embargo, la pandemia puso en aprietos el negocio. La razón es que Electricaribe apenas recauda por encima del 80 por ciento en su operación, mientras que otras regiones superan el 95 por ciento. Y lo peor, a ese recaudo cayó cerca del 30 por ciento, a lo que se sumó un aumento en las pérdidas de energía.

Como explica Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, “con la pandemia había problemas que no eran específicos del mercado Caribe sino de todo el sector eléctrico, porque la gente se vio muy afectada en su capacidad de pago”. Pero sin duda estas circunstancias cambiaron las expectativas de la operación.

Las empresas entraron a evaluar el impacto de la covid-19 a partir de una cláusula introducida en el contrato al momento de firmarlo, después de la subasta. Se trata, como advierte el gerente de EPM, Álvaro Rendón, de una cláusula de efecto material adverso para revisar las variables del modelo en materia de recaudo y pérdidas por la afectación de la crisis sanitaria, en mesas de negociaciones que terminaron apenas hace pocos días.

“Obviamente, si se afectaba lo estimado en recaudo y pérdidas al momento de la adjudicación, el Gobierno tenía la obligación de sentarse con nosotros a revisar y llegar a acuerdos, y fueron los que logramos la semana pasada”, dice Rendón, de EPM.

Los pactos tienen cláusulas de confidencialidad y reserva. No obstante, una vez reciban las llaves los nuevos operadores, se conocerán esos ajustes y el valor que pagaron estos por los mercados de Caribe Sol y Caribe Mar, que se llamarán en adelante Aire y Afinia.

“En el proceso hubo dos hechos no negociables: uno, la obligación de sustitución patronal para garantizar la estabilidad a los trabajadores directos. Y el otro, el monto mínimo de inversión, que para Caribe Mar es de 3,2 billones en cinco años, y para Caribe Sol, de 2,6 billones en el mismo periodo”, explica Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos.

¿Y qué pasará en materia de tarifas? En las últimas semanas se conoció un decreto que autoriza aumentar la comercialización hasta un 20 por ciento, lo que suscitó controversia. “Cuando uno paga la energía, el costo del kilovatio/hora tiene diferentes componentes en la cadena: generación, transporte, distribución, comercialización, entre otros. Ese componente de comercialización pesa un 20 por ciento del total de la tarifa. Y lo que dice el decreto es que puede haber un incremento de hasta 20 por ciento, pero solo en ese componente. Y eso es 3 o 4 por ciento del total de la tarifa”, dice el ministro Mesa. Agrega que la decisión contempla lo que se conoce como la opción tarifaria, es decir, diferir los incrementos en el tiempo. Aclara, además, que este año no puede haber incrementos porque quedó congelado el costo del kilovatio/hora.

Sin duda, las compañías saben que no pueden llegar indiscriminadamente a subir las tarifas, menos en un mercado como el de la costa, que ha soportado un pésimo servicio por años. Cualquier incremento, necesariamente moderado, tiene que llegar acompañado con mejoras en la calidad del servicio.

Para algunos analistas, hacer ajustes tarifarios podrían ir en contra de Colombia en cuanto la demanda de Gas Natural Fenosa, pues esta pidió aumentos de tarifas que, según ellos, el Gobierno nunca autorizó. Sin embargo, la superintendente Avendaño asegura que la metodología tarifaria de hace un par de años abarcó a todos los operadores de red. Y solo desde el plan de desarrollo de 2019 el Gobierno hizo la transición tarifaria por el rezago que Electricaribe tenía en inversiones.

Entonces, ¿dónde estará el negocio para las empresas que llegan? Precisamente en sus deficiencias de hoy. Por un lado, incrementar el recaudo por encima del 80 por ciento a niveles como en el caso de EPM, de 98 por ciento. Y, por el otro, llevar las pérdidas de energía, de superar el 25 por ciento, a niveles del 11 o 12 por ciento.

EPM, por ejemplo, ya tiene claro que invertirá más que lo planteado por el Gobierno: 4 billones de pesos en los primeros cinco años hasta llegar a 8 billones en los primeros diez. De igual manera, piensan desarrollar en ese mercado varias de sus iniciativas en el negocio de distribución, como por ejemplo, llevar un sistema inteligente para controlar y reducir las pérdidas de energía. Asimismo, replicar el modelo de energía prepago que tiene en Antioquia y sus filiales, en el que los consumidores compran de antemano con tarjetas la energía que van a consumir.

El cambio de operadores no transformará de inmediato la calidad del servicio.Esto será gradual y progresivo, y habrá que explicárselo con detalle a los consumidores para que entiendan las etapas del proceso. Hay expectativa en la región para consolidar el ‘cambio de corriente’ del servicio y dejar atrás el viacrucis de Electricaribe.

Tomado de Semana