Son 43 millones de facturas en los servicios públicos por ciclo y las reclamaciones no equivalen ni al 1 % de este universo, sostiene el presidente del gremio, Camilo Sánchez.

La avalancha de quejas que se presentaron por incrementos repentinos en las tarifas de algunos servicios domiciliarios, como electricidad y gas, comenzando la pandemia ha ido en descenso, según las cuentas de los operadores.

La Superintendencia de Servicios habla de 45.000 quejas recibidas entre marzo y mayo de este año por presuntos cobros mal hechos a los usuarios.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), considera que todo tiende a la normalidad por la respuesta que han dado las empresas y el control de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son 43 millones de facturas en los servicios públicos por ciclo, y las reclamaciones no equivalen ni al 1 %, sostiene el dirigente gremial. Destaca, además, que con la entrada de las energías verdes a la matriz energética es posible pensar en un alivio tarifario.

Hubo un pico de reclamaciones por alzas en la mayoría de tarifas de servicios públicos, ¿persiste esa situación o ha cambiado el panorama?

En Colombia se ha presentado ahora el “todos ponen”, porque el Gobierno está poniendo de su parte a través de los subsidios que está dando por intermedio del Findeter (Fondo de Desarrollo Territorial) para tener crédito para subsidiar los estratos 1, 2, 3 y hasta 4, y de esa manera se da tranquilidad a la caja de las empresas y aleja los riesgos. Somos un ejemplo latinoamericano, y podemos decir mundial, de tener, en la pandemia, seguridad de servicios públicos en las casas. En los domicilios, gracias a que tenemos buenos y permanentes servicios, las personas han podido permanecer en sus casas de una manera óptima. Claro que hay errores. Al principio, cuando comenzó esta crisis, la gente no sabía cómo era la transmisión del virus, qué riesgos se corrían y no dejaban entrar para leer los medidores; pero cuando ya se conoció cómo era la situación, el sector de servicios públicos desarrolló el mejor sistema de bioseguridad.

¿Qué sucede cuando se presentan sobrecostos en las tarifas de cualquier servicio?

Cuando usted tiene esos incrementos lo primero que tiene que hacer es ir a la empresa correspondiente, donde esta ha puesto una gran cantidad de personas que atienden cualquier contingencia. Si cree que el problema persiste, debe ir a la Superintendencia de Servicios Públicos para que esta haga una revisión más exhaustiva y puedan castigar a la empresa si lo ha hecho mal o para que quede claro que lo que ha sucedido es que en la mayoría de los casos es un incremento de consumo. Las personas, por estar en sus casas, utilizan más los servicios y así se dan incrementos de entre 25 y 30 % en consumo. Lo mejor que le puede pasar a Colombia es que tengamos servicios públicos permanentes, y a precios reales.

¿Cuáles son los servicios públicos que han registrado mayores quejas por las alzas?

Fundamentalmente fue en energía y gas. Hasta mediados de abril empezó una nueva normatividad, donde se dieron unos incentivos: más de 300 mil reconexiones de agua de forma gratuita para los reconectados que benefició a más de 1,8 millones de personas. Igual se hizo en energía, donde se registran 100 mil reconexiones y en gas supera los 105 mil reconectados. Ese trabajo se hizo a costa de las empresas.

¿Qué pasó al comienzo de la pandemia para que se disparara el valor de las facturas?

Se estaba cobrando por promedio. Al principio no se sabía cómo actuar por el desconocimiento de la transmisión del virus y la gente no quería que entraran a tomar la lectura, y las mismas empresas no querían sacar a sus empleados a ponerlos en riesgo. Así que se cobró un promedio, pero eso ya no se hace. Hoy hay ventajas y el que pague en el momento oportuno tiene descuentos hasta del 10 % en servicios básicos como la energía y el gas. En la factura del agua posiblemente también se pueden encontrar descuentos que anteriormente no se daban. Pero la fórmula más importante es que les están dando crédito a la gente; si se incrementa la factura del servicio en más del 3 % usted puede concertar que su pago se haga hasta en 36 meses sin intereses, sobre todo para los estratos 1 y 2, que son las personas más necesitadas. En el caso de las TIC (internet) se hizo algo maravilloso, para las personas que tenían paquetes de menos de $214.000 no se les cobraba IVA. Ya se están solucionando los problemas. Repito, son 43 millones de facturas en los servicios públicos por ciclo, y las reclamaciones no equivalen ni al 1 %.

¿En qué regiones se han registrado las mayores reclamaciones?

El problema es nacional, pero fundamentalmente en la costa (Caribe) se estaba dando en energía, lo mismo que en Bogotá se presentó con gas, pero ya se ha reducido. Lo más importante es que la gente paga porque hay costumbre de esto, porque es la mejor manera de defender a los más pobres. Lo peor que podía pasar es la desobediencia civil de algún candidato presidencial anterior, que era grave porque perjudicaba a los más pobres. Hoy hay servicios públicos permanentes de manera eficaz porque las empresas, el Gobierno y los usuarios hemos puesto de nuestra parte. Si no, sería el mismo caos que se está viviendo en Venezuela, donde hay cortes de energía permanentes; los más perjudicados son los pobres, porque no tienen ni lo básico para subsistir.

¿De qué forma han ayudado los subsidios a las familias más pobres?

En Colombia tenemos subsidios cruzados desde hace muchos años, y no solo por la pandemia. Los estratos 5 y 6 han subsidiado a los más bajos desde siempre y ha funcionado. Pero ahora, con la nueva reglamentación, ha tenido un incremento adicional, porque el Gobierno dio unos créditos muy importantes a través del Findeter, a tasas cero, para que podamos ayudar a las personas que no han podido pagar.

Energías verdes

¿La entrada de las energías renovables no convencionales a la matriz energética podrían contribuir a aliviar las tarifas del sector eléctrico?

El caso de las energías eólica y solar en La Guajira van a tener un incentivo muy importante, porque van a generar más del 12 % de la matriz energética, lo que nos va a dar una mayor sostenibilidad y tranquilidad. Los precios podrían ir bajando de manera fuerte, pero fundamentalmente para esas regiones donde se van a implantar esas tecnologías. El año entrante seguramente vamos a tener fenómeno de El Niño, que nos deja preocupados porque la pandemia ha demorado las consultas previas y eso está retrasando esos proyectos. Seguramente van a retrasarse alrededor de un año.

¿Ese eventual fenómeno de El Niño no nos llevaría a soportar un racionamiento eléctrico?

No. He repetido con tranquilidad que este año no vamos a tener embalses bajos, al contrario, han aumentado. Hace 40 días estábamos en alrededor del 40 % y hoy estamos en una situación más tranquilizadora para el país. Pero lo más importante es que se está haciendo todo lo necesario para que no vayamos a tener un apagón en el país. Con una noticia como esas (El Niño), la simple especulación en la bolsa (de energía) hace que se suban las tarifas en un tiempo determinado. Este año no vamos a tener ningún riesgo de apagón y se hace lo necesario para que el año entrante, teniendo los embalses como van, con las termoeléctricas disponibles y haciendo lo que se está haciendo, vamos a tener tranquilidad.

Frente al impulso que se da para obtener energías verdes, ¿cómo ven la posibilidad de que se desarrolle el fracking para tener nuevos recursos con mayores reservas petroleras?

Nosotros hemos dicho que en Colombia somos muy ortodoxos y estamos haciendo estudios de fracking con la mayor tecnología para que no se vaya a causar un desastre ecológico. Creemos que en el mundo hay tecnologías muy bien utilizadas y en Colombia lo que se tiene que imponer es ese plan de ruta para evitar improvisaciones. Aquí tenemos a Ecopetrol haciendo unas alianzas estratégica con las empresas más grandes del mundo para hacer esos planes piloto. Lo más importante es que ese piloto le va a dar la oportunidad a Colombia de conocer qué se puede o no aplicar en el país. Y si no funcionan, serán los que le cierren la puerta.

Jorge Sáenz V.

Tomado de El Espectador