La empresa de Acueducto y Alcantarillado Ibal, a través de la Junta Directiva, autorizó al gerente, Juan Carlos Núñez, solicitar un nuevo crédito a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) por $5 mil 400 millones, para contrarrestar el impacto económico de la empresa por la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

Según el gerente, este alivio permitirá mantener la operatividad de la producción de sus servicios públicos teniendo en cuenta los alivios que se otorgaron en materia de servicios públicos para los estratos Uno, Dos, Tres y redujeron el recaudo.

“Los alivios que ha dado el Gobierno genera que en primera instancia no tengamos los recaudos normales como lo tenemos antes del Covid-19, esto hace que los recaudos hayan caído al 50%, entonces se requiere mantener la operatividad y el punto de equilibrio con que el Ibal ha mantenido sus flujos de caja”, señaló Núñez.

El gerente indicó que este nuevo préstamo tiene una tasa de interés del 0% con plazo de tres años de pago e indicó que dicho préstamo dará la oportunidad de estar presentes con la prestación continua del servicio.

La empresa de Alcantarillado se acogió a esta iniciativa a través del decreto 581 del 15 de abril del 2020, que le da créditos directos a las empresas de servicios públicos domiciliarios a través de Findeter, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo, para implementar las medidas que el Gobierno nacional adopte por los efectos de la emergencia sanitaria.

Cabe destacar que en enero en su posesión, el gerente del Ibal expresó su preocupación por el panorama financiero de la empresa, pues actualmente tiene una deuda que supera los $90 mil millones.

En su momento, Núñez expresó que estaban “evitando” una presunta intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos o la liquidación de la empresa; sin embargo, la empresa acudió a una nueva deuda.

En la Junta Directiva, la segunda del año, además se presentaron proyectos para condonación de intereses, para socializar el manual de contratación, los estados financieros del 2019 y la ampliación de plazos de pago de facturas a 24 y 36 meses para los usuarios que no cuenten con recursos para cancelar esta obligación.

Tomado de El Nuevo Día