Se estudian medidas para mitigar el impacto de mejores índices de necesidades básicas insatisfechas en la asignación de ayudas para tarifas de servicios públicos.

Las más recientes mediciones del DANE dan cuenta de un avance general en asuntos como necesidades básicas insatisfechas (NBI), con cálculos basados en los resultados del censo de 2018. Las mediciones de pobreza multidimensional, entre otras, tienen impactos en ámbitos como la entrega de subsidios eléctricos.

En teoría, una disminución en estas necesidades llevaría a un retiro de subsidios en algunos servicios públicos, lo que a su vez implicaría un incremento en las tarifas. En el renglón de energía, los expertos calculan que la sequía que afecta a varias zonas del país podría elevar en un porcentaje mínimo las facturas de la luz, pero este efecto no lo vería la población que ha avanzado en NBI.

Diego Mesa, viceministro de Energía, entregó un parte de tranquilidad a los cientos de colombianos que se benefician con alivios en el servicio de electricidad en algunas zonas rurales que han mejorado su calidad de vida. “No hay ningún riesgo de que suban las tarifas de energía eléctrica”, dijo, aunque admitió que el censo del DANE de 2018 dio cuenta de un avance en las necesidades básicas insatisfechas. Ahora se estudia un proyecto de decreto para que no haya un cambio en las tarifas eléctricas de una población cercana a las 500.000 familias de 260 municipios del país.

Por su parte, Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que la variación en la tarifa eléctrica por efecto del clima se sentirá en un incremento del 4 % al 11 %. Señaló que esa alza es el reflejo de un aumento en los precios de la energía en bolsa, que han subido por la disminución del nivel de los embalses, que se encuentra en 46 % por la temporada de verano.

El viceministro de Energía explicó que, para evitar cualquier variación en las tarifas de estos habitantes, el Ministerio de Minas y Energía trabaja en un proyecto de decreto en el que se faculta al Ministerio a seguir usando el NBI de 2018 para que “no haya ningún cambio con respecto a las tarifas de energía eléctrica para esas poblaciones”.

Actualmente, en el mercado eléctrico colombiano existen dos fondos para otorgar subsidios a la demanda: el Fondo de Subsidios por Menores Tarifas de Fondos Especiales y el Fondo de Energía Social (FOES). Con la actualización en las cifras del DANE con el censo de 2018, se mejoró el índice de necesidades básicas insatisfechas y muchos habitantes salieron de la categoría que los favorecía con ayudas para el pago de sus tarifas eléctricas.

Mesa reitera que ese censo determinó un subconjunto de unas poblaciones “que se llaman áreas rurales de menor desarrollo y el subsidio para esas poblaciones depende del indicador de NBI”. De la población del país, cerca de 14,5 millones de hogares, quienes se pueden ver afectados si el Ministerio de Minas y Energía no corrige la situación son por lo menos 500.000 familias que habitan en 260 municipios que tienen este tipo de áreas rurales.

“El Fondo de Energía Social (FOES), administrado por el Ministerio de Minas y Energía como un sistema especial de cuentas, a partir del 1° de enero de 2016 cubrirá hasta $92 por kilovatio/hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 en las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales”, contempla la ley 1753 de 2015.

El Minminas ha dicho que, dado el cambio descrito en el índice de NBI, es necesario evaluar potenciales indicadores que capturen adecuadamente la capacidad de pago de usuarios en zonas rurales de Colombia, teniendo en cuenta los cambios en la realidad socioeconómica del país ocurridos en el periodo entre los censos.

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) considera que “el cambio en las condiciones de la población resultante del Censo 2018 disminuye el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, generando una reducción del 75 % de los municipios que se clasificarían como Áreas Rurales de Menor Desarrollo. Es decir que 363 municipios no solo no recibirían el subsidio proveniente del FOES, sino tampoco otros beneficios proporcionados por la normatividad vigente, como la posibilidad de la aplicación de esquemas diferenciales para la prestación del servicio en estas zonas”.

Por ello, en carta enviada a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, Andesco solicitó “medidas transitorias para mitigar el riesgo que para esta población puede implicar un cambio abrupto en las condiciones de acceso al servicio de energía eléctrica”, lo que podría repercutir “en incrementos en el valor de la factura por pagar”.

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, dice que “es preciso realizar algunos ajustes” sobre la iniciativa “para mitigar el riesgo”. Además, propone implementar un periodo de transición que permita el estudio y la adopción de indicadores distintos al índice de NBI para la definición de las áreas y así focalizar mejor los subsidios.

Tomado de El Espectador