Al reciente cambio en el cronograma se suman las críticas y las solicitudes hechas por los interesados en la puja por el uso de las bandas bajas.

En el primer semestre del 2019, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) dio inicio a uno de los proyecto más ambiciosos, la subasta para la asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz.

La idea es que el país cierre la brecha digital, lleve conectividad y mejore los servicios de voz y datos.
El camino trazado por el MinTIC, tiene como meta el 12 de diciembre, fecha estipulada para la realización de la subasta de los bloques de las tres frecuencias (para la banda de 700, serán 4 bloques de 20 MHz y uno de 10 MHz, para la banda de 1.900, 1 bloque de 5 MHz y para la banda de 2.500, 8 bloques de 10 MHz).

Pero el proceso parece estar en pausa por un cambio en el cronograma. El MinTIC decidió ayer ampliar una semana más (hasta el 12 de noviembre) la recepción de solicitudes para participar, pues solo Claro lo hizo en el tiempo estipulado inicialmente, e incluso Movistar y Avantel solicitaron al Ministerio –por medio de dos cartas– una ampliación en el plazo y hasta el pasado viernes, cuando las compañías recibieron respuesta del Ministerio, la petición no era viable.

Ahora, de no presentarse más compañías al proceso, el Gobierno estaría obligado a considerarlo desierto y no realizar la licitación.

La junta Directiva de Tigo decidió no participar el mismo día que el Ministerio hizo la ampliación y ahora está evaluando la extensión del plazo, su validez y condiciones para poner en consideración el tema.

La necesidad del uso de estas bandas radica en que permite llevar los servicios con velocidades por encima de los 10 Mbps a lugares que actualmente no tienen acceso. Solo dos de los operadores (Claro y Movistar) tienen asignación en esta banda y el interés de los competidores existe.

Según Ignacio Román, CEO de Avantel, sin estos recursos “un operador representativo y eficiente de escala nacional, no puede operar en condiciones competitivas”. Los operadores se han manifestado en contra del no conocimiento del precio mínimo para participar.

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, afirma que la no revelación del precio base va en contra de los estándares internacionales y afecta la inversión extranjera. “Un proceso de subasta de espectro requiere grandes inversiones; es difícil que un inversionista extranjero entre ciego a un proceso de estos; sin poder dimensionar el tamaño o el retorno de la misma”, dijo.

La ministra de TIC, Sylvia Constaín, ha explicado que en la subasta hecha en 2013, “tampoco se conoció el precio y en este proceso no se está haciendo algo nuevo ni fuera de lugar. Hemos sido transparentes y esto responde a prácticas internacionales”.

Para Fabián Hernandez, Presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia, la no revelación del precio junto con la no decisión de una posición dominante en el mercado por parte de Claro, estaría llevando al país a un monopolio.

“Esto afecta la confianza, es un claro desincentivo para la realización de inversiones por parte de los competidores del operador dominante y se aleja de las mejores prácticas. Además, en estas circunstancias la realización del proceso resultará en una herramienta adicional del dominante para afianzar su posición, llevando a un eventual monopolio”, apuntó.

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